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2017-2018 Crisis constitucional españolaParte del movimiento independentista catalánLocalización de Cataluña (verde oscuro)- en Europa (verde y gris oscuro)- en España (verde)Fecha6 de septiembre de 2017 – 1 de junio de 2018(8 meses, 3 semanas y 5 días)LugarEspaña, principalmente Cataluña(algunos sucesos en toda Europa)Causado por
MétodosManifestaciones, desobediencia civil, resistencia civil, ocupaciones, huelgas generalesResultadoEjecución del gobierno directo durante seis meses. Elección de Quim Torra como nuevo Presidente de la Generalitat de Cataluña, con la formación de un nuevo gobierno catalán que pone fin al régimen directo.
Carles PuigdemontOriol Junqueras (detenido)Joaquim Forn (detenido)Jordi Turull (detenido)Carme Forcadell (detenida)Josep Lluís Trapero (hasta el 28 de octubre de 2017)Anna GabrielCarles RieraRoger Torrent (desde el 17 de enero de 2018)Quim Torra (desde el 14 de mayo de 2018
La crisis constitucional española de 2017-2018,[7] también conocida como crisis catalana,[8] fue un conflicto político entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña del expresidente Carles Puigdemont -el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña hasta el 28 de octubre de 2017- por la cuestión de la independencia de Cataluña. Comenzó después de que la ley que pretendía permitir el referéndum independentista catalán de 2017 fuera denunciada por el Gobierno español del presidente Mariano Rajoy y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional hasta que se pronunciara sobre la cuestión[9][10] Algunos medios de comunicación internacionales han calificado los hechos como “una de las peores crisis políticas de la historia moderna de España”[11].
Discurso completo del profesor Raymond Atuguba en el Constitucional
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bienestar de todos sus miembros, en el ejercicio de su soberanía proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, sus lenguas y sus instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una calidad de vida digna; establecer una sociedad democrática avanzada; y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra.
Artículo 2 [Unidad nacional, autonomía regional]La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
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El “problema” catalán es antiguo pero, en los últimos años, ha vuelto con una fuerza tremenda. Muy probablemente, el punto de inflexión se encuentra en una decisión del Tribunal Constitucional español en 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Este Estatuto, que es una ley pactada, fue aprobado por el Parlamento catalán, posteriormente modificado y aprobado por el Parlamento español y, finalmente, ratificado por los votantes catalanes a través de un referéndum. Tras su publicación oficial, el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La sentencia del Tribunal Constitucional se publicó el 10 de julio de 2010. Al día siguiente hubo una manifestación masiva en Barcelona para protestar contra la decisión del Tribunal que se entendió como un acto de desprecio contra la voluntad del pueblo catalán expresada por su Parlamento y un referéndum. Desde ese momento, cada 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, miles de personas han salido a la calle para reclamar su ciudadanía de esta Comunidad Autónoma y exigir al menos una nueva autonomía revisada o, incluso, la independencia.
Moj prvi ples
En Barcelona, 1.231 personas duermen en la calle cada noche. El derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía catalán. Sin embargo, en Cataluña hay unas 53.000 personas que tienen graves problemas de vivienda. 5.500 de estas personas viven en la calle.
Conseguir que alguien deje de vivir en la calle no es fácil. Y no se puede hacer nada contra su voluntad. No es una cuestión policial, sino de atención social. Y es necesario respetar los ritmos y las necesidades de las personas.
Cuando alguna de las personas que visitamos en la calle quiere dormir bajo un techo, intentamos encontrarle una vivienda adecuada a sus necesidades: una habitación en un piso compartido, un piso individual o la posibilidad de dormir en el Piso Cero, un espacio de Arrels de baja exigencia para personas que llevan mucho tiempo viviendo en la calle y no han encontrado otro recurso. Lo importante es garantizar una vivienda estable.
Gracias a la aplicación Arrels Tracker, recogemos los avisos de los ciudadanos sobre las personas que viven en la calle. Si la persona está en Barcelona, movilizamos a nuestro equipo de calle y trabajamos en red con otros equipos de la ciudad para encontrar la mejor manera de abordar la situación. Esta herramienta también es útil más allá de la ciudad, para localizar lugares concretos y medir el problema en otros territorios. Por eso la ponemos a disposición de otras áreas que también trabajan con personas sin hogar.
